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INICIO OPINIÓN     Martes, 22 • Noviembre • 2016

El rumor de un pregonar

Los datos personales frente a los usos bancarios y comerciales


Recién acabó el "Buen Fin", y, ya sea como protagonistas o como testigos, sabemos de ese pandemónium en que se tradujo el aumento al tráfico comercial o bancario en nuestro país. Pasada la tormenta, y (muy) gastada la cartera, en la mente de tal vez no pocas personas esté la pregunta de: "¿Qué tanto pagué, y a quién?". Dejando atrás dicha "cruda monetaria", cabría también dilucidar a quién (y por qué) se le entregaron nuestros datos personales al momento de efectuar una transacción bancaria o comercial.

En la primera de ellas, destaca preponderantemente el hecho de ir a cobrar un cheque a la ventanilla del banco. En ese evento, tan común en el sistema financiero mundial, y mexicano también, es de lo más habitual que el cajero pida que, además de identificarse quien lo va a cobrar (de preferencia con la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral), al reverso de dicho título de crédito escriba sus datos personales (nombre, domicilio, teléfono, y el número de dicha credencial) y luego lo firme o rubrique. Esto también incluiría a quienes tengan una cuenta en la misma institución bancaria que funja como el "librado" (pagadora) del cheque.   

 Uno entendería que, por seguridad, sobretodo del tenedor o beneficiario (quien cobrará el cheque), es que se exige su identificación por medio de documento público idóneo. Lo que no acaba de convencer es el papel que juega el domicilio, teléfono y firma o rúbrica del beneficiario. La respuesta que se presume (a falta de norma general que sostenga lo contrario) es que tales datos personales permitirían identificar o ayudar a identificar a quien lo haya cobrado falsamente, protegiéndose así, más que al correcto tenedor y/o a su librador (quien expidió el cheque), al librado. Así, la institución bancaria podría defenderse de alguna probable acusación, o desfalco, por no haber verificado los elementos del cheque a los que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, misma que, a su vez, le ordena cubrirlo, como al respecto se plasma en su parte conducente: "Artículo 184.- (...) Cuando, sin justa causa, se niegue el librado a pagar un cheque, teniendo fondos suficientes del librador, resarcirá a éste los daños y perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso la indemnización será menor del veinte por ciento del valor del cheque."---"Artículo 186.- Aun cuando el cheque no haya sido presentado o protestado en tiempo, el librado debe pagarlo mientras tenga fondos del librador suficientes para ello."     

A lo anterior debe unírsele que la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES no proscribe, al menos de forma tajante, la solicitud de dichos datos personales del beneficiario, como se deduce de estos apartados: "Artículo 10.- No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando: I. Esté previsto en una Ley; (...) IV. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; (...)". En esta interpretación cobra importancia el segundo parágrafo del ordinal 98 de la LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO: "Las instituciones de crédito estarán obligadas a recabar los datos de su clientela, relativos a su identificación y domicilio, de conformidad con las disposiciones que al efecto dicte la Comisión Nacional Bancaria."

En esta tesitura, podría señalarse que tal solicitud de datos personales de los usuarios sería, o al menos tendría su origen en un uso y/o práctica bancaria, y no así en una norma general, como una ley. Cabe recordar que los usos y prácticas, como las antes aludidas, han sido, y parece que lo siguen siendo, lo que la doctrina jurídica ha señalado como el origen del Derecho Mercantil.  

Como contrapeso a tal solicitud se aprecia lo que al respecto ordena la LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS: "Artículo 8o.- (...) La Comisión Nacional establecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios que no deseen que su información sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.---Queda prohibido a las Instituciones Financieras utilizar información relativa a la base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que se refiere el párrafo anterior. Las Instituciones Financieras que sean objeto de publicidad son corresponsables del manejo de la información de sus Clientes cuando dicha publicidad la envíen a través de terceros (...) Las Instituciones Financieras que incumplan lo dispuesto por el presente artículo, se harán acreedoras a las sanciones que establece esta Ley." Cabe agregar que el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no restringe dicha práctica bancaria, ya que ni siquiera la alude.

En un sentido paralelo, tampoco se observa que los comerciantes violen normativa jurídica alguna al solicitar a quien le venden un producto o servicio se identifique y escriba en el voucher (comprobante) su teléfono y estampen sobre él su firma o rúbrica. Esto por su similitud con la figura del cheque, en lo que hace a que tales datos personales permitirían identificar o ayudar a identificar a quien haya usado una tarjeta de crédito o de débito robada o clonada, a la par que se evita que la respectiva institución bancaria se niegue a devolverle a aquéllos el monto de la cantidad amparada en dichos vouchers. Al respecto, esto sugiere la COMISIÓN NACIONAL Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): "Se recomienda conservar estos documentos al menos 90 días naturales, contados a partir de la fecha de corte, o en su caso, de la realización de la operación o servicio. Este es el tiempo que tienes marcado para poder presentar una solicitud de aclaración con tu institución bancaria. Si posterior a esta fecha reconoces anomalías en estos documentos, de acuerdo con la ley1 , puedes presentar tu reclamación ante la Condusef, dentro del término de dos años, contados a partir de que se presente el hecho que les dio origen o desde la negativa de la institución financiera a satisfacer tus pretensiones como usuario de servicios financieros." Fuente: http://www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2014/166/tires.pdf.

Conclusión: Dado el tráfico bancario y comercial, como hoy en día se conoce, referido a la protección de los datos personales de los particulares (máxime si se trata de personas físicas), puede llevar a considerar como probablemente excesiva  la información personal que se le exige a los usuarios financieros, así como a los clientes del comercio de bienes y servicios; no obstante, esto no debe traducirse en negar la existencia de los mecanismos para evitar demandar o denunciar, jurídica o extrajurídicamente (sobre todo en el caso de los bancos), cuando se tenga noticia del mal uso de aquélla. De ahí que, como se dijo, la conveniencia de exigir/ exhibir la identificación de quien pretenda hacer uso de un instrumento crediticio. Si con todo se considera que dicha solicitud de información violenta la esfera de privacidad del usuario mercantil y/o bancario, este tiene la opción de ir a otro establecimiento en donde tal petición no sea, a su juicio, tan invasiva.

Acerca del autor:

Lic. Francisco José Parra Lara

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