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INICIO OPINIÓN     Martes, 20 • Junio • 2017

El rumor de un pregonar

Feminicidio: ¿Se robustece su inconstitucionalidad en Yucatán?


"Lo que intimida, degrada y cosifica es la 'violencia feminicida' que en su vertiente más extrema termina con la muerte de una persona identificada como mujer, no así toda privación de la vida de una persona de sexo femenino".

Suprema Corte de Justicia de la Nación.[1]

Hace cinco años, el suscrito redactó el artículo "El Feminicidio: ¿Una quimera jurídica?", publicado en varios sitios de internet [2], incluidos algunos especializados en temas jurídicos. Y si, fue objeto de numerosas críticas de quienes defienden lo útil, en lo social, y en lo jurídico, por parte de quienes justifican la tipificación especial de ese delito. Para el regocijo de los pro Feminicidio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo "avaló" al emitir las tesis aisladas 1a. LIV/2016 (10a.)[3], y 1a. LX/2014 (10a.)[4], mismas en donde se dijo que no hay discriminación y desigualdad entre el hombre y la mujer con base a ese injusto de "homicidio por cuestiones de género (femenino)", así como si se alude, como elemento normativo del mismo a "una relación sentimental" entre víctima y victimario, no se viola, per se, el Principio de Exacta Aplicación de la Ley en Materia Penal.

Con esos criterios, varios pudieran considerar como superado el tema de la tipificación (creación legislativa del delito) del Feminicidio, dándole prácticamente una libertad configurativa ilimitada o cuasi ilimitada al Congreso de la Unión (Código Penal Federal -CPF-), y a sus pares de los estados, y Ciudad de México para penar, a sus anchas, tal ilícito en contra de las mujeres. Sin embargo, de la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz salieron, meses después de que fueron publicados los criterios de dicha Sala, dos tesis aisladas (1a. CCIII/2016 (10a.) y 1a. CCIV/2016 (10a.) , derivadas del amparo directo en revisión 5267/2014[5] resuelto en la propia Primera Sala de la SCJN, que establecen límites al poder legislativo. En sus rubros se concentra su esencia:          

"HOMICIDIO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CUANDO LA VÍCTIMA SEA DEL SEXO FEMENINO, ES DISCRIMINATORIA POR NO CONTENER EL ELEMENTO FINALISTA CONSISTENTE EN QUE EL CRIMEN SE HAYA COMETIDO POR RAZÓN DE GÉNERO." "HOMICIDIO POR RAZÓN DE GÉNERO. PARA DETERMINAR TAL CIRCUNSTANCIA, NO BASTA CON IDENTIFICAR EL SEXO DE LA VÍCTIMA, PUES ES NECESARIO CONOCER LA MOTIVACIÓN Y EL CONTEXTO EN EL QUE OCURRIÓ EL CRIMEN."

¿Qué implica lo anterior? Que la Primera Sala del Alto Tribunal va delimitando la procedencia (y por ende la constitucionalidad) de los diversos delitos de Feminicidio que se legislen, o se ya han legislado en el país. Esto, como dijo este articulista en su previo escrito, es con la finalidad que, efectivamente, se procure castigar a quien, por motivo de género (entiéndase, por el odio hacia al género femenino, ni más ni menos), llegue al extremo de privar dolosamente de la vida una persona de tal sector de la población. Así, se evita legislar "sexualizadamente", en el caso, abrir tanto el tipo penal de Feminicidio para considerar que se actualizaría el mismo ante tanta muerte no natural de mujeres hubiere.

Lo anterior, como se explicó desde hace cinco años, se sustenta en que, si se decide por una cuestión de política criminal, de derechos fundamentales de la mujer, etc, otorgarle una "discriminación positiva o acción afirmativa" (sobreprotección jurídica) a las mujeres por el solo hecho de serlo, respecto de los hombres, esta no debe rebasar el motivo de su existencia, hasta ahora avalado por la SCJN: La tutela social del género, y no del sexo, femenino. Como argumento a la autoridad, cítese este apartado de la precitada tesis 1a. CCIII/2016 (10a.), mismo respecto del cual se consideró inconstitucional el artículo 126 del Código Penal para el Estado de Chihuahua[6]:

Si bien se advierte que dicho precepto persigue una finalidad imperiosa, como es garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, la distinción que realiza con apoyo en la categoría sospechosa de sexo no está directamente conectada con dicho fin. Lo anterior, toda vez que su formulación es sobreinclusiva, pues comprende conductas que no están vinculadas necesariamente con privar de la vida a una mujer en razón de género, pero las sanciona igualmente. Es decir, se centra únicamente en el sexo del sujeto pasivo, omitiendo el elemento finalista consistente en que el homicidio sea perpetrado en razón de género. En este orden de ideas, el precepto resulta discriminatorio, ya que su articulación no logra conducir adecuadamente a la finalidad buscada, pues para determinar si el homicidio de una mujer fue cometido en razón de género, no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen.

En el caso del estado de Yucatán, el delito de Feminicidio estaba bajo la apariencia de ser constitucional, según los parámetros de la SCJN antes señalados. Así se evidencia la construcción del núcleo duro conductual que se reprime: "Artículo 394 Quinquies.- Comete el delito de feminicidio quien dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género." Se habla en tiempo pasado ya que mediante la publicación en el diario oficial del gobierno local del decreto 494/2017, acaecida el lunes 19 de junio de 2017, se amplió a efecto de "sobreincluir" (ampliar al extremo) las "razones" que, para la entidad de Yucatán, se traducen en los motivos por los cuales se configura tal homicidio en razón de género. He aquí tales agregaciones legislativas:

V.- Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. VI.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. VII.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. VIII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Esto, lejos de ser iniciativa, y/o creación del Poder Legislativo de Yucatán, resultó ser lo que varios llaman "homologar o armonizar" el delito de Feminicidio a lo específicamente tipificado en el arábigo 325 del Código Penal Federal. Si uno alude a la certeza y seguridad jurídica del sistema jurídico mexicano, podría comprar tal argumento "armonizante" como válido. Pero, como considera el suscrito, si solo se amplía una "política criminal reaccionaria a su salida más simple: el aumento de penas"[7], la cosa cambia, y activa las alarmas hacia la inconstitucionalidad, si no de todas, si de más de una de esas "razones de género".

Ejemplos de lo anterior: 1.- Una persona (se recuerda: la inmensa mayoría de los "pro Feminicidio" señalan que el autor -Feminicida- sólo puede ser un hombre)  celebra un negocio civil o mercantil como una mujer, y se vuelve socio de ella; si luego de un tiempo aquel victimiza dolosamente a aquella, ¿esto, en automático, se traduciría en un Feminicidio? Según la fracción V en cita, sí volvería a esa relación "de confianza" una razón o motivo de género para actualizar el Femincidio. 2.-Un sujeto priva de la libertad (o secuestra, como prefiera decirse) a varias personas adultos (hombres y mujeres), sin permitirles comunicarse con nadie, y luego les dispara a todos a boca jarro; de acuerdo a la fracción VII, y a las reglas del concurso de delitos (coexistencia de), el sujeto activo tendría, por los mismos hechos, el doble carácter de homicida/feminicida. Aquí se complicaría, de entrada, el trabajo del ministerio público, ya que tendría que actuar, simultáneamente, bajo al menos dos protocolos: el del homicidio genérico, y el del Feminicidio.

Irónicamente, tal vez lo más relevante, y que pugna contra lo que dijo Diana Russel en 1976[8] (que el Feminicidio es "el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres cometidos por hombres"), es que, al abrir tanto el tipo ad hoc, en el CPF, como en sus equivalentes de los estados, incluido Yucatán, se permite considerar como Feminicida, verbigracia, a la mujer que dolosamente prive de la vida a otra, dada la "relación sentimental" (afectiva o de confianza) que los unió.[9] Al respecto, conviene citar qué es para la Primera Sala de la SCJN tal elemento normativo:

(...) el término "se haya tenido una relación sentimental" no es ambiguo, sino que cuenta con una definición o connotación específica, ya que gramaticalmente "relación sentimental", se compone de los vocablos "relación", que significa conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona, y "sentimental", que corresponde a las relaciones amorosas sin vínculos regulados por la ley (dícese de experiencias, relaciones sentimentales); lo que lleva a sostener que el feminicidio se comete cuando prevalece una relación amorosa sin vínculos regulados por la ley (...).

Conclusión: Tal y como he sostenido desde hace 5 años, no comparto la idea de tipificar, en especial, el multicitado homicidio en razón de género. En su momento, no creí que tuviera efecto disuasivo social real en aras de evitar las muertes dolosas de las mujeres, y, en cambio, constituye el gran distractor social y gubernativo para evitar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Hoy, y ante eventos tan publicitados como la muerte de la señora EGMC, acaecida cuando ya existía delito de Feminicidio en Yucatán, solidifican en mi la idea que sigue siendo un sofisma el que se insista en la fórmula de endurecer las penas como el antídoto social-jurídico para acabar con el crimen. He ahí el ejemplo nacional de que delitos graves y/o de prisión preventiva oficiosa como el secuestro, y el homicidio doloso genérico, siguen a la alza a pesar de toda la creación legislativa en su contra.[10]

Si, como Russel dijo hace décadas, se pretendía con la tipificación del Femincidio evitar un "genocidio de mujeres", lo que de suyo choca con la idea, al menos en México, de que se trata de un grupo minoritario (es un hecho notorio que son mayoría respecto de los hombres), al "abaratar" su configuración doctrinal, los congresos desvirtúan su finalidad, y, de manera indirecta por lo menos, refuerzan la victimización a las mujeres al, sobreprotegerlas por un lado (con la inconstitucionalidad que de esto puede resultar), y desprotegerlas respecto a la atención oportuna de sus denuncias sociales, penales, de libertad reproductiva, etc. Y vuelvo a insistir: Si se trataba de castigar efectivamente la discriminación extrema o radical, era más justo tipificar, en Yucatán y en México, los Crímenes de Odio, y así proteger a toda la sociedad, y no solo, en apariencia, a las mujeres.

Valgan las siguientes palabras que sobre el Feminicidio se le atribuyen al catedrático y ex Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Eugenio Zaffaroni, actualmente Juez Ad-Hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: "No va a tener eficacia porque lo que tipificaron no existe. Va a tener eficacia respecto de travestis, transexuales, de la mujer no. Porque no hay casos. El homicidio por odio se produce contra minorías. La característica que tiene es que no importa el individuo. Hay dos lesiones: una al muerto y otra, por el metamensaje, a toda la colectividad".[11]   

Acerca del autor:

Lic. Francisco José Parra Lara

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