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INICIO YUCATÁN     Jueves, 2 • Febrero • 2012

Codhey pide esclarecer crimen cometido por elemento de la SSP


 
El ombudsman yucateco, Jorge Victoria Maldonado, exigió a las autoridades estatales esclarecer el asesinato del constructor, Álvaro Cervera Peraza, a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

A un día de esta muerte derivada de una persecución de elementos estatales hacia la hoy víctima, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) afirmó que hoy mismo levantaron una queja de oficio para pedir información sobre el caso y aclarar qué sucedió y por qué los agentes actuaron como lo hicieron.

"Es una situación que nos llama mucho la atención, por lo que iniciaremos las investigaciones, aunque creemos que no hay que emitir juicios sin conocer los detalles de lo que pudo haber sucedido", dijo.

"Sabemos que hubo esfuerzos muy importantes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de concientizar a sus elementos sobre el trabajo efectivo de protección y con pleno respeto a los derechos humanos, sin embargo no quiere decir que no haya casos en los cuales se pueda vulnerar las garantías de una persona, sobre todo que hubo un fallecimiento", señaló.
 
Es una situación grave, continuó, por ello estaremos de inmediato pidiendo los informes a la autoridad para tener los elementos y emitir en su caso una recomendación.

"La indagatoria se centrará en la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y con base en ello confirmaremos si hubo o no un exceso, una irregularidad, una arbitrariedad por parte de los elementos que intervinieron", mencionó.

"Hoy mismo estaremos abriendo la queja, he dado instrucciones de que se giren los oficios, he estado en contacto con los familiares de la persona fallecida para que podamos tener los antecedentes completos de la situación que se dio y la información de parte de la SSP", añadió.

"Es una queja que iniciamos de oficio por la gravedad de los hechos que se suscitaron, que puede presumirse una violación a los derechos humanos y eso corroboraremos", acotó.

Consideró que "de ninguna manera hay una justificación para alguna situación en la cual se ponga en riesgo la vida o se corte la existencia de una persona.

"No quisiera prejuzgar porque evidentemente tenemos que investigar y una vez que lo hagamos emitir la resolución correspondiente", reiteró.

Finalmente informó que esperarán que a más tardar en 30 días puedan tener una información preliminar y posteriormente se ajustarán a los plazos que marca la ley, "para que en un término de 8 ó 9 meses podamos emitir la recomendación", concluyó.

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